En un giro dramático en el mundo empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha acentuado sus acciones legales contra los creadores de Gedesco, una empresa experta en la financiación de pequeñas y medianas compañíasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se centra en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, desarolladores de Gedesco, tal como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes tomaron las bridas de la administración de la firma valenciana después de que JZI adquiriese el 675% de sus acciones en 2007. Este conflicto legal, que se produjo en el tercer mes del año de 2022 con una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth por desviar supuestamente 80 millones de euros a Stator Management, una entidad íntimamente enlazada a ellos, ha escalado con la presentación de una nueva demanda en Valencia por una pluralidad de delitos incluyendo administración desleal y estafa.
Esta segunda querella, que asimismo implica a José Luis Villafranca, de hoy integrante del consejo de Gedesco, y a tres compañías Haga clic aquí para obtener más información bajo la propiedad de los acusados, se basa en acusaciones de utilizar la composición de Gedesco en beneficio propio y de obstruir el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La querella señala de qué manera, pese a la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por carecer de integrantes, los acusados siguieron tomando decisiones esenciales, bloqueando efectivamente a JZI de participar en la administración de la empresa. Las solicitudes de JZI para convocar a la Junta de Inversionistas y cesar a estos ejecutivos han sido sistemáticamente frustradas, con la junta suspendida en siete oportunidades.
Este conflicto no solo se extiende por 2 jurisdicciones, con pleitos tanto en Estados Unidos como en España, sino que asimismo revela una trama compleja de discusiones legales que incluye acusaciones contra los asociados fundadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la errada compañía de seguridad Ombuds. La resolución de un juez en La capital de españa de trasladar uno de estos casos a Valencia y el posterior archivo de la causa por falta de rastros de delito añade otra capa a este entramado legal.
Este caso ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos en el mundo corporativo, sino también las dificultades inherentes a la resolución de discusiones transfronterizas en el ámbito del derecho empresarial. La situación en Gedesco pone de manifiesto los desafíos que combaten los inversores para proteger sus intereses y la importancia de una administración transparente y ética en las compañías..